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lunes, 8 de febrero de 2010

CARTELERA DE FAPUV 06 DE FEBRERO DE 2010



CARTA ABIERTA



Ciudadano/as

Hugo Chávez Frías, Presidente Luis Acuña. Ministro de Educación Superior Diputadas y Diputados a la Asamblea Nacional Luisa Ortega Díaz, Fiscal General Gabriela del Mar Ramírez Pérez, Defensora del Pueblo De la República Bolivariana de Venezuela

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), por acuerdo de su Junta Directiva, se dirige a Ustedes a fin de expresarles lo siguiente:

La incorporación en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de la prohibición de uso de armas para reprimir manifestaciones (Art. 68), es el resultado de la presión ejercida por el movimiento estudiantil venezolano, el cual durante años enarboló esa demanda como consigna permanente de sus luchas, en virtud de la gran cantidad de jóvenes asesinados en el ejercicio de la protesta popular. Tal demanda fue siempre, y lo sigue siendo, respaldada por los universitarios y por el pueblo en general.

El citado mandato constitucional, que sin lugar a dudas es un avance en relación con constituciones anteriores, no se ha traducido en la práctica en un progreso en el respeto de los Derechos Humanos en Venezuela. Por el contrario, se han implementado nuevas modalidades de acción gubernamental para impedir el ejercicio del derecho a protestar y a disentir, lo cual es un retroceso en la vida republicana. Entre ellas destacan:

• Las nuevas armas exhibidas en las manifestaciones más recientes, fotografiadas en la prensa nacional, con capacidad para desgarrar el cuerpo humano.

• El uso de funcionarios vestidos de civil, encapuchados, y grupos paramilitares para impedir el ejercicio de la protesta, destruir e incendiar las instituciones universitarias y amedrentar a sus comunidades, tal como ha ocurrido recientemente en la MARCHA UNIVERSITARIA DE ORIENTE convocada inicialmente por FAPUV y asumida y desarrollada por la INTERGREMIAL NACIONAL UNIVERSITARIA el día 27-01-10 en Puerto La Cruz; en la ULA, en la UCAB, en UPEL-Maracay, y en la UCV, por poner sólo algunos ejemplos.

• La criminalización de la protesta a través de mecanismos tales como la obligatoriedad de muchos jóvenes a someterse a régimen de presentación en los tribunales, como es el caso reciente de jóvenes estudiantes que participaron con FAPUV en la citada MARCHA UNIVERSITARIA DE ORIENTE.

• La criminalización de la disidencia a través de mecanismos tales como la Interpelación programada por la Asamblea Nacional al profesor Mario Bonucci, Rector de la Universidad de Los Andes (ULA) y agremiado nuestro, o la solicitud hecha por la Defensoría del Pueblo al Ministerio Público de investigar a los Profesores Enrique Planchart, Rafael Escalona, Williams Colmenares y Cristian Puig, Rector, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo y Secretario de la Universidad Simón Bolívar (USB) y agremiados nuestros.

En reiteradas oportunidades, durante los últimos años, nos hemos visto en la necesidad de reclamar el cumplimiento estricto del mandato constitucional que establece el derecho a la protesta y prohíbe el uso de armamento para reprimir manifestaciones, en virtud de los desmanes de los cuerpos represivos del Estado contra las protestas estudiantiles, con las mismas consecuencias que en décadas anteriores: estudiantes asesinados, estudiantes heridos, estudiantes detenidos. Estas situaciones no se pueden repetir.

En consecuencia, exigimos:

• Que se garanticen plenamente los derechos a la vida, al libre pensamiento y opinión, a la integridad física y a la protesta de toda la ciudadanía, sin discriminaciones de orden político ni de ninguna otra naturaleza.

• Que se someta a juicio a quienes usan armamento y bombas lacrimógenas para reprimir manifestaciones y a quienes les ordenan hacerlo.

• Libertad plena a todos los estudiantes procesados con medidas cautelares y régimen de presentación.

• Que los cuerpos represivos del Estado actúen debidamente uniformados e identificados y que se desmantele las organizaciones armadas paramilitares que en nombre del gobierno han sembrado el terror entre la ciudadanía.

Cada vez que el poder político y/o económico ha cerrado los canales de comunicación con el pueblo venezolano y se ha negado a escuchar y satisfacer sus justas demandas, éste ha salido a protestar. Eso no va a cambiar. Es nuestro derecho. La paz social se garantiza cumpliendo las demandas populares, no reprimiendo al pueblo.

Finalmente, les participamos que hemos programado para este mes distintas acciones de protesta, todas ellas PACÍFICAS, en virtud de que en este momento no existen canales para la discusión de nuestras demandas gremiales ante el MPPES, a pesar de las reiteradas solicitudes que se han hecho. Hasta tanto no se cancelen las deudas, se actualice el salario, se garantice el presupuesto necesario para el funcionamiento de las universidades y se siente el Ejecutivo a definir con el gremio las Normas de Homologación, la protesta seguirá.

JUNTA DIRECTIVA


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