¡Los que no sabemos de Fútbol!

Ingrid Tortolero Profesora Titular de la ULA

Vimos, el pasado domingo, una clara expresión de lo que es jugar para ganar, teniendo claros los principios del conjunto, de los compañeros de juego y respetando las reglas del mismo. Fue un juego limpio el de los españoles, como no sé de futbol me pareció que los holandeses jugaron más a la defensiva por el temor de estar enfrentados a un equipo de oro, de primera, pero dicen que la pelota es redonda y ayer entre tanta emoción y tanta fanaticada quedó demostrado que la técnica (conocimiento) y la tolerancia (como parte de la inteligencia emocional) fueron claves a la hora de ganar una victoria como la que ayer ganó España.

Si lo aplicamos a nuestra vida diaria podemos sacar provecho de esta actuación, como demostración para los pueblos del mundo entero, hace falta coraje pero sin razonamiento no tiene sentido ni da frutos, debe haber una combinación, primero, del respeto al otro, segundo, tolerancia basado en principios morales, tercero, conocimiento adaptado al medio y por último estar convencidos de ser los mejores a la hora de jugar o enfrentarnos a cualquier situación.

Nelson Mandela lo vimos dando un saludo al mundo recuperado después de una pérdida familiar, el líder que unió a un continente en momentos difíciles pero que dejó a un lado el egoísmo, el individualismo para salvar a un país, a una nación del odio, bajó las armas, frente a los que lo humillaron y respondió ante ellos con humildad, sin odios, ni rencores, pero con el orgullo de quien sabe que tiene la razón y que esta es la que al final prevalece. ¿Es un Dios humano?, no, es un líder que antepuso sus apetencias personales, su sistema límbico, ante un mundo, un continente, África, que ayer demostró ante el mundo fortaleza, orgullo, majestuosidad, respeto, resiliencia y sobre todo amor.

Esto me hace sentir optimista, capaz de transformar el mundo y seguir luchando con el ejemplo de hombres que lo dejan todo por un País, por una Nación, por un Continente, y debe ayudarnos a pensar que si hicieron falta 100 años para que España triunfara, la Paciencia vs. Tolerancia vs. Conocimiento vs. Respeto al otro vs. Coraje entre otros valores debe ser un tutorial en la vida de cada uno de nuestros jóvenes, que no deben crecer con el odio de los adultos ni heredar nuestros errores. Debemos formar jóvenes en la impronta de una nación libre, con libertad de pensamiento, con valores morales firmes, no contaminados con liderazgos mediocres ni discursos donde no haya una visión clara de lo que debe ser un país, una Nación.

Ocho respuestas sobre los Fondos de Jubilaciones

Luis Loaiza Rincón

1. Las universidades le descuentan 6% de su sueldo a cada profesor, “sin previo consentimiento”. El monto del descuento varía de unas instituciones a otras. Los fondos fueron creados por decisión del CNU a comienzos de los años setenta y los aportes del Estado se incluyeron en el presupuesto anual entregado a las universidades. La decisión del CNU suplantó en ese momento el consentimiento de los interesados, en forma similar a cuando el Estado establece el monto de un tributo.

2. Los Consejos Universitarios crearon “fundaciones privadas”, los Fondos de Jubilaciones. La orden de creación de estas fundaciones provino de una decisión del CNU. Pretendía este organismo que los recursos de los fondos crecieran hasta poder pagar las jubilaciones y pensiones de los docentes, pero nunca efectuó el ajuste de los descuentos y los aportes a la cifra que los estudios actuariales recomendaban, para que los fondos, luego de cierto tiempo de capitalización, pudieran comenzar a pagar las jubilaciones y pensiones. En el caso de los profesores de la ULA, el monto de los aportes y deducciones debería ser, aproximadamente, de por lo menos un 50% del sueldo de cada profesor. Por su parte, los distintos gobiernos, nunca quisieron otorgar el monto real del aporte necesario para satisfacer el efectivo compromiso que debían asumir los fondos. Además, la adopción de la forma jurídica “fundación privada” no la exime de la rendición de cuentas. Toda fundación privada está bajo la vigilancia de los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, a los que los fondos deben entregar anualmente su memoria y cuenta, para ser estudiada y considerada. Finalmente, es preciso indicar que el gobierno puede, con todo derecho, utilizar la Contraloría para auditar los fondos, en lugar de realizar acusaciones sin fundamento.

3. Las “fundaciones privadas” transfieren una fracción del dinero, y de sus intereses, a los Consejos Universitarios. En el caso de FONPRULA, sus estatutos señalan que el fondo tiene como objeto “CONTRIBUIR” con la Universidad de Los Andes al pago que ella debe hacer del monto de las jubilaciones y pensiones del Personal Docente y de Investigación.

4. Las “fundaciones privadas” usan otra fracción del dinero para hacer “inversiones”. FONPRULA realiza operaciones financieras lícitas con el objeto de incrementar el patrimonio del fondo. Estas inversiones han sido productivas y se han hecho con transparencia. El patrimonio del Fondo creció de forma importante y los directivos de la institución gozan del respeto que sólo la honorabilidad y la honradez generan en los administradores honestos y capaces.

5. Las “fundaciones privadas” usan otra fracción del dinero para otorgar “créditos blandos” a un minúsculo grupo de profesores. No se trata de créditos “blandos” sino de créditos “solidarios”. Esto es perfectamente legal. Los fondos no pueden prestar a los intereses del mercado porque las leyes existentes se lo impiden. Prestan a quienes solicitan préstamos y en el caso de FONPRULA ello significa el 98% de la nómina profesoral. En todo caso, el otorgamiento de préstamos constituye una acción que está dentro de las posibilidades financieras que permiten incrementar el fondo y que garantizan su funcionamiento y administración.

6. Los directivos de los fondos han “dictaminado” que el dinero de los profesores “ya no les pertenece”. Los aportes profesorales son de naturaleza “parafiscal” y en cuanto a FONPRULA se refiere, el Artículo 52 de sus Estatutos señala que el remanente resultante de la liquidación del fondo “será entregado a la Universidad de Los Andes”. Constituye un desacierto liquidar los fondos a cambio de la devolución de los aportes, acción que en el caso de FONPRULA resulta jurídicamente imposible, dado que estos recursos valen más invertidos en beneficio del colectivo que atomizados en ínfimas sumas. La liquidación de FONPRULA perjudicaría, además, las coberturas adicionales de salud que administra el IPP. Estas, que no generan ningún costo adicional para los miembros del Personal Docente y de Investigación, activos y jubilados, hoy corren a cargo de un aporte solidario que realiza el fondo.

7. Por el “desvío” de recursos que han hecho los fondos, se han dejado de cancelar las jubilaciones a los universitarios. Las jubilaciones y pensiones de los profesores universitarios nunca han dejado de pagarse. El Estado venezolano incluye la cantidad correspondiente por estos conceptos dentro del presupuesto anual de las universidades. Cuando el ministro Edgardo Ramírez hace la denuncia ante la Fiscalía General de la República parece afirmar que los profesores jubilados nunca han cobrado sus jubilaciones y pensiones porque se han “desviado” esos recursos. La verdad es que todas las decenas de miles de profesores universitarios en Venezuela han cobrado regularmente sus sueldos de jubilados. Esto lo debiera saber el ministro Ramírez. Se confunde el pago de jubilaciones y pensiones, que vienen dentro del presupuesto ordinario, con el pago de prestaciones y pasivos laborales, que no lo están, Lo que los profesores jubilados no cobran desde 1999 son los pasivos laborales que le corresponde al gobierno cancelar. En eso debiera ocuparse el ministro.

8. FAPUV y otros organismos gremiales nos piden que salgamos a defender los Fondos de Jubilaciones. Tanto FAPUV como la APULA defienden de forma justa y correcta una institución que se ha hecho fundamental para el bienestar social del profesorado universitario. No hacerlo sería traicionar su esencia gremial. Si los fondos van a desaparecer, porque el Gobierno venezolano no tuvo con los profesores universitarios la misma actitud que sí tuvo con las fuerzas armadas, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, instituciones que recibieron un trato preferencial en virtud del cual pueden manejar sus jubilaciones, qué institución asumirá esta tarea? ¿Cómo quedan los profesores que, comenzando su carrera académica, requieren un soporte financiero solidario que les permita adquirir vivienda, vehículo, coberturas de salud y otros bienes fundamentales para mejorar nuestra calidad de vida?

El enredo de los fondos de jubilaciones

Luis Fuenmayor Toro

La Razón, pp A-5, 18-7-2010, Caracas

Los dimes y diretes públicos sobre los fondos de jubilaciones de las universidades deben tener enredados a más de uno, pues las acusaciones ministeriales, a la vez de ser extremadamente graves, pecan de una superficialidad increíble y demuestran un desconocimiento total de lo ocurrido con los fondos y de su situación actual. La respuesta de las universidades no supera cualitativamente al Ministro, mientras la generalidad de los profesores no parece conocer el problema y se dedica, más bien, a tratar de sacarle provecho político para sus parcialidades y no parecen interesados en conocer la realidad, ni mucho menos en producir ideas que lleven a modificarla en forma positiva. Mientras tanto, por lo menos en la UCV, zamuros de vieja data vuelan sobre los recursos financieros del fondo, en espera de que la confusión reinante les permita ponerlos bajo su custodia.

Hay muchas cosas que decir sobre el tema, pero me limitaré en este momento a las que quepan en el artículo. Lo primero, para el ministro Ramírez, no el de la pudrición de los 140 millones de kilos de alimentos, sino el de Educación Universitaria, los fondos de jubilaciones son de los profesores universitarios. Los obreros y empleados no tienen nada que ver con ellos, pues estos sectores nunca llegaron a aceptar que se les descontara ni un centavo, para contribuir con el pago de sus jubilaciones y pensiones. Los incautos que llegamos a pensar que eso era posible y deseable fuimos nada más los docentes. Así, que mejor se olvida de los obreros y empleados, pues crea una confusión grandísima, a menos que ése sea el interés del Gobierno: Confundir para terminar despojando de esos recursos financieros a sus legítimos propietarios.

A la Rectora García Márquez y al Consejo Universitario de la UCV les digo que ellos tampoco tienen ningún derecho a decidir en relación con el destino de los recursos financieros de los fondos, pues no les pertenecen.

Son simples administradores, malos y parciales, de recursos que provienen de los sueldos profesorales según se señala claramente en las Normas de Homologación de sueldos y beneficios adicionales de los docentes universitarios, las cuales, independientemente de que el Gobierno se niegue en forma arbitraria a cumplirlas, siguen estando vigentes. Ni siquiera pueden decidir la eliminación de los fondos, pues éstos tienen personalidad jurídica propia y son distintos de la UCV. Su eliminación legal sólo puede hacerse por decisión de la mayoría de las instituciones que los constituyen.

Al ministro Ramírez le informo que las jubilaciones y pensiones de los profesores universitarios nunca han dejado de pagarse. Así ha sido siempre; el Estado venezolano, al igual que con los sueldos y salarios, incluye la cantidad correspondiente dentro del presupuesto anual de las universidades. Cuando el Ministro hace la denuncia parece afirmar que los profesores jubilados nunca han cobrado sus jubilaciones y pensiones porque las instituciones han desviado esos recursos. Todas las decenas de miles de profesores universitarios jubilados que existen han cobrado regularmente sus sueldos de jubilados. Esto lo sabe el ministro Ramírez, por lo que no se entiende por qué se confunde, si es éste el caso, o a quién trata de enredar. En unas declaraciones, la rectora Divo de la UC, confunde el pago de jubilaciones y pensiones, que vienen dentro del presupuesto ordinario, con el pago de prestaciones y pasivos laborales, que no lo hacen.

Los aportes universitarios a los fondos, al igual que los descuentos que se les hacen a los profesores, constituyen beneficios adicionales al sueldo de los docentes, es decir, son parte integrante de este sueldo, al igual que ocurre con el caso de aportes y descuentos de las cajas de ahorro. Así lo disponen las Normas de Homologación. Cada vez que se aplican estas normas y se incrementan los sueldos de los docentes, se elevan en la misma proporción estos beneficios adicionales, por lo que los montos correspondientes a los mismos están incluidos en el presupuesto anual de las universidades, constituyendo parte de los gastos de la nómina de estas instituciones. Si cesan los aportes y las deducciones, esos montos tienen que ser incorporados a los sueldos de los académicos. En el caso de la UCV, esos sueldos se incrementarían en un 8 por ciento. No habría ningún ahorro para el Gobierno y esto debería decirlo en voz alta el Ministro.

Por último, los fondos se crearon para tratar de pagar las jubilaciones docentes, una vez que alcanzaran una suma de recursos financieros que lo permitieran. Las cantidades a ser deducidas a los profesores, así como de los aportes institucionales, sin embargo, nunca alcanzaron las sumas debidas, pues los distintos gobiernos, éste incluido, no quisieron elevar los presupuestos en la magnitud necesaria. Se requerirían deducciones y aportes que sumaran por lo menos un 36 por ciento de los sueldos, para obtener una cantidad de dinero, al capitalizar sus intereses, que pudiera pagar las jubilaciones y pensiones de todos los profesores. Al estar éstos muy por debajo de esa cifra, era imposible el pago señalado. Ni siquiera haciendo operaciones financieras que les estaban y están permitidas se llegaría a acumular lo necesario para el pago de las jubilaciones.

Por esta razón, en cierto momento, se acordó en la UCV que anualmente el fondo entregara a la universidad un 70 por ciento o más de sus beneficios anuales, con los cuales la institución podría pagar algunas contrataciones docentes, para cubrir las carencias más urgentes producidas por las jubilaciones de su personal. Recordemos que las reposiciones de cargos están prácticamente paralizadas y las universidades están perdiendo cargos docentes y de todo tipo. Por lo anterior, lo que la Fiscalía debe investigar es si la administración de los recursos habidos en los fondos, ha sido hecha apegada a las leyes sobre la materia, y no si estos organismos pagaron o no las jubilaciones, pues esto era materialmente imposible.

¿Por qué el profesor Urquiola está enojado?

Víctor M. Ortega

Nuestro estimado profesor Urquiola, jubilado de la docencia universitaria en el 2006, después de haber laborado en las aulas de diversas instituciones de educación superior por 30 años, y a quien aún no le han cancelado ni medio de sus prestaciones sociales, se queja con razón de ni siquiera poder comprar un carro nuevo de los baratos sin tener que empeñar su impredecible futuro, (una casa más o menos decente sería un sueño inalcanzable). La queja del colega es la misma de miles y miles de pedagogos y de otros profesionales de todas las artes y ciencias que laboran hoy en día en nuestro país en instituciones públicas.

En los últimos 35 años de democracia en Venezuela, dice el último comunicado de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (FAPUV), el deterioro del salario real de un Profesor Titular, a Dedicación Exclusiva, que es el máximo escalafón en la carrera académica, ha pasado de representar 18,88 veces el monto del salario mínimo urbano, a 4,22 veces el salario mínimo, cuyo monto es en la actualidad de Bs.1.223,89 y cuyo poder adquisitivo es ciertamente mucho menor al del salario mínimo de 1975. Eso no ha ocurrido por ejemplo con los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, ni con los diputados de la Asamblea Nacional ni con tantos otros jerarcas privilegiados de la oligarquía bolivariana, cuyo salario integral si ha sido ajustado una y otra vez de acuerdo con la galopante inflación.

El salario de un profesor instructor, dice FAPUV, que es el primer escalafón de su carrera docente, es prácticamente similar al salario mínimo, en tanto que muchos empleados y obreros ganan menos que eso. La política neoliberal gubernamental de comprimir el consumo y el gasto en educación, se expresa, además, a través de la asfixia presupuestaria a las universidades, entre cuyas consecuencias más graves destaca la falta de reposición de cargos, lo que ha ido abultando la nómina de profesores contratados, quienes deben cumplir funciones similares a las de los profesores establecidos (llamados ordinarios), pero sin recibir los beneficios previstos en las Actas Convenio, por cierto muchas de ellas vencidas hace años.

En el caso de las universidades intervenidas, como por ejemplo la Unellez donde las autoridades son impuestas a dedo, el número de profesores contratados quintuplica al número de ordinarios. De esta manera, por menor salario se mantiene una planta profesoral casi que esclavizada, sin derechos gremiales y sin posibilidades de ascender. En las nuevas universidades, a esta problemática se le suma el pago de salarios menores y una elevadísima rotación del personal docente con la obvia consecuencia de desmedro profundo en la calidad de la educación que se pretende impartir.

No conforme con esto, el Gobierno mantiene deudas por prestaciones sociales de los profesores jubilados desde 1998, deudas por salario de 2008, deudas por retroactivo de bono de alimentación desde 2009, no ha actualizado el bono de alimentación a la unidad tributaria vigente, no le paga dicho bono a los profesores jubilados y pensionados, ni le paga la prima por hogar al personal docente. Así es como el Gobierno viola flagrantemente el Artículo 92 de la Constitución Nacional que establece que "El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal".

Para llamar la atención del país y del Gobierno Nacional en relación con esta grave situación, demandar el pago de todas las deudas, la actualización del bono de alimentación, un ajuste salarial digno y el nombramiento de la comisión del CNU para la discusión de las Normas de Homologación, FAPUV junto con sus asociaciones ha desarrollado las más variadas formas de lucha y de denuncia sin obtener respuesta, y menos ahora que pareciera que Dark Vader está a cargo del ministerio de Educación Superior.

Con los sueldos que hoy devengan sus docentes, y con las políticas asfixiantes que el Gobierno les impone, las universidades públicas autónomas van hacia un abismo catastrófico. Y por eso es que el profesor Urquiola está tan enojado… y tan angustiado.