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miércoles, 21 de julio de 2010

El enredo de los fondos de jubilaciones





Luis Fuenmayor Toro


La Razón, pp A-5, 18-7-2010, Caracas



Los dimes y diretes públicos sobre los fondos de jubilaciones de las universidades deben tener enredados a más de uno, pues las acusaciones ministeriales, a la vez de ser extremadamente graves, pecan de una superficialidad increíble y demuestran un desconocimiento total de lo ocurrido con los fondos y de su situación actual. La respuesta de las universidades no supera cualitativamente al Ministro, mientras la generalidad de los profesores no parece conocer el problema y se dedica, más bien, a tratar de sacarle provecho político para sus parcialidades y no parecen interesados en conocer la realidad, ni mucho menos en producir ideas que lleven a modificarla en forma positiva. Mientras tanto, por lo menos en la UCV, zamuros de vieja data vuelan sobre los recursos financieros del fondo, en espera de que la confusión reinante les permita ponerlos bajo su custodia.


Hay muchas cosas que decir sobre el tema, pero me limitaré en este momento a las que quepan en el artículo. Lo primero, para el ministro Ramírez, no el de la pudrición de los 140 millones de kilos de alimentos, sino el de Educación Universitaria, los fondos de jubilaciones son de los profesores universitarios. Los obreros y empleados no tienen nada que ver con ellos, pues estos sectores nunca llegaron a aceptar que se les descontara ni un centavo, para contribuir con el pago de sus jubilaciones y pensiones. Los incautos que llegamos a pensar que eso era posible y deseable fuimos nada más los docentes. Así, que mejor se olvida de los obreros y empleados, pues crea una confusión grandísima, a menos que ése sea el interés del Gobierno: Confundir para terminar despojando de esos recursos financieros a sus legítimos propietarios.


A la Rectora García Márquez y al Consejo Universitario de la UCV les digo que ellos tampoco tienen ningún derecho a decidir en relación con el destino de los recursos financieros de los fondos, pues no les pertenecen.


Son simples administradores, malos y parciales, de recursos que provienen de los sueldos profesorales según se señala claramente en las Normas de Homologación de sueldos y beneficios adicionales de los docentes universitarios, las cuales, independientemente de que el Gobierno se niegue en forma arbitraria a cumplirlas, siguen estando vigentes. Ni siquiera pueden decidir la eliminación de los fondos, pues éstos tienen personalidad jurídica propia y son distintos de la UCV. Su eliminación legal sólo puede hacerse por decisión de la mayoría de las instituciones que los constituyen.


Al ministro Ramírez le informo que las jubilaciones y pensiones de los profesores universitarios nunca han dejado de pagarse. Así ha sido siempre; el Estado venezolano, al igual que con los sueldos y salarios, incluye la cantidad correspondiente dentro del presupuesto anual de las universidades. Cuando el Ministro hace la denuncia parece afirmar que los profesores jubilados nunca han cobrado sus jubilaciones y pensiones porque las instituciones han desviado esos recursos. Todas las decenas de miles de profesores universitarios jubilados que existen han cobrado regularmente sus sueldos de jubilados. Esto lo sabe el ministro Ramírez, por lo que no se entiende por qué se confunde, si es éste el caso, o a quién trata de enredar. En unas declaraciones, la rectora Divo de la UC, confunde el pago de jubilaciones y pensiones, que vienen dentro del presupuesto ordinario, con el pago de prestaciones y pasivos laborales, que no lo hacen.


Los aportes universitarios a los fondos, al igual que los descuentos que se les hacen a los profesores, constituyen beneficios adicionales al sueldo de los docentes, es decir, son parte integrante de este sueldo, al igual que ocurre con el caso de aportes y descuentos de las cajas de ahorro. Así lo disponen las Normas de Homologación. Cada vez que se aplican estas normas y se incrementan los sueldos de los docentes, se elevan en la misma proporción estos beneficios adicionales, por lo que los montos correspondientes a los mismos están incluidos en el presupuesto anual de las universidades, constituyendo parte de los gastos de la nómina de estas instituciones. Si cesan los aportes y las deducciones, esos montos tienen que ser incorporados a los sueldos de los académicos. En el caso de la UCV, esos sueldos se incrementarían en un 8 por ciento. No habría ningún ahorro para el Gobierno y esto debería decirlo en voz alta el Ministro.


Por último, los fondos se crearon para tratar de pagar las jubilaciones docentes, una vez que alcanzaran una suma de recursos financieros que lo permitieran. Las cantidades a ser deducidas a los profesores, así como de los aportes institucionales, sin embargo, nunca alcanzaron las sumas debidas, pues los distintos gobiernos, éste incluido, no quisieron elevar los presupuestos en la magnitud necesaria. Se requerirían deducciones y aportes que sumaran por lo menos un 36 por ciento de los sueldos, para obtener una cantidad de dinero, al capitalizar sus intereses, que pudiera pagar las jubilaciones y pensiones de todos los profesores. Al estar éstos muy por debajo de esa cifra, era imposible el pago señalado. Ni siquiera haciendo operaciones financieras que les estaban y están permitidas se llegaría a acumular lo necesario para el pago de las jubilaciones.


Por esta razón, en cierto momento, se acordó en la UCV que anualmente el fondo entregara a la universidad un 70 por ciento o más de sus beneficios anuales, con los cuales la institución podría pagar algunas contrataciones docentes, para cubrir las carencias más urgentes producidas por las jubilaciones de su personal. Recordemos que las reposiciones de cargos están prácticamente paralizadas y las universidades están perdiendo cargos docentes y de todo tipo. Por lo anterior, lo que la Fiscalía debe investigar es si la administración de los recursos habidos en los fondos, ha sido hecha apegada a las leyes sobre la materia, y no si estos organismos pagaron o no las jubilaciones, pues esto era materialmente imposible.

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