Víctor M. Ortega
Nuestro estimado profesor Urquiola, jubilado de la docencia universitaria en el 2006, después de haber laborado en las aulas de diversas instituciones de educación superior por 30 años, y a quien aún no le han cancelado ni medio de sus prestaciones sociales, se queja con razón de ni siquiera poder comprar un carro nuevo de los baratos sin tener que empeñar su impredecible futuro, (una casa más o menos decente sería un sueño inalcanzable). La queja del colega es la misma de miles y miles de pedagogos y de otros profesionales de todas las artes y ciencias que laboran hoy en día en nuestro país en instituciones públicas.
En los últimos 35 años de democracia en Venezuela, dice el último comunicado de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (FAPUV), el deterioro del salario real de un Profesor Titular, a Dedicación Exclusiva, que es el máximo escalafón en la carrera académica, ha pasado de representar 18,88 veces el monto del salario mínimo urbano, a 4,22 veces el salario mínimo, cuyo monto es en la actualidad de Bs.1.223,89 y cuyo poder adquisitivo es ciertamente mucho menor al del salario mínimo de 1975. Eso no ha ocurrido por ejemplo con los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, ni con los diputados de la Asamblea Nacional ni con tantos otros jerarcas privilegiados de la oligarquía bolivariana, cuyo salario integral si ha sido ajustado una y otra vez de acuerdo con la galopante inflación.
El salario de un profesor instructor, dice FAPUV, que es el primer escalafón de su carrera docente, es prácticamente similar al salario mínimo, en tanto que muchos empleados y obreros ganan menos que eso. La política neoliberal gubernamental de comprimir el consumo y el gasto en educación, se expresa, además, a través de la asfixia presupuestaria a las universidades, entre cuyas consecuencias más graves destaca la falta de reposición de cargos, lo que ha ido abultando la nómina de profesores contratados, quienes deben cumplir funciones similares a las de los profesores establecidos (llamados ordinarios), pero sin recibir los beneficios previstos en las Actas Convenio, por cierto muchas de ellas vencidas hace años.
En el caso de las universidades intervenidas, como por ejemplo la Unellez donde las autoridades son impuestas a dedo, el número de profesores contratados quintuplica al número de ordinarios. De esta manera, por menor salario se mantiene una planta profesoral casi que esclavizada, sin derechos gremiales y sin posibilidades de ascender. En las nuevas universidades, a esta problemática se le suma el pago de salarios menores y una elevadísima rotación del personal docente con la obvia consecuencia de desmedro profundo en la calidad de la educación que se pretende impartir.
No conforme con esto, el Gobierno mantiene deudas por prestaciones sociales de los profesores jubilados desde 1998, deudas por salario de 2008, deudas por retroactivo de bono de alimentación desde 2009, no ha actualizado el bono de alimentación a la unidad tributaria vigente, no le paga dicho bono a los profesores jubilados y pensionados, ni le paga la prima por hogar al personal docente. Así es como el Gobierno viola flagrantemente el Artículo 92 de la Constitución Nacional que establece que "El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal".
Para llamar la atención del país y del Gobierno Nacional en relación con esta grave situación, demandar el pago de todas las deudas, la actualización del bono de alimentación, un ajuste salarial digno y el nombramiento de la comisión del CNU para la discusión de las Normas de Homologación, FAPUV junto con sus asociaciones ha desarrollado las más variadas formas de lucha y de denuncia sin obtener respuesta, y menos ahora que pareciera que Dark Vader está a cargo del ministerio de Educación Superior.
Con los sueldos que hoy devengan sus docentes, y con las políticas asfixiantes que el Gobierno les impone, las universidades públicas autónomas van hacia un abismo catastrófico. Y por eso es que el profesor Urquiola está tan enojado… y tan angustiado.
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