Omer Molina Prensa Apula
CNP: 18.195
La Junta Directiva de la Apula en sesión extraordinaria, se reunió con el Rector de La Universidad de Los Andes, Mario Bonucci, para disertar sobre la crisis presupuestaria reiterada que enfrenta la primera casa de estudios y que viene nuevamente a producir un enorme déficit en el funcionamiento operativo, así como en los programas de salud, socioeconómicos, académicos, y de investigación y extensión puesto que sólo un 36 % fue aprobado de lo que esperaban las autoridades para el presupuesto 2012.
“Ya no es un presupuesto repetido sino disminuido”
En su alocución el Rector Bonucci resaltó la importancia en que el gremio de profesores conociera de primera fuente, la difícil situación que atraviesa el presupuesto universitario. “Es una situación mucho más grave que la sufrida desde el año 2008 hasta el 2011, porque ya no estamos hablando de un presupuesto repetido, sino de un presupuesto disminuido, puesto que el Gobierno nacional está planteando la entrega de 14 millones de bolívares adicionales, esbozando a su vez, la posibilidad de no cancelar el bono vacacional, vale decir, 90 millones de bolívares, pero, ante esta situación, se deben tomar en cuenta aspectos que no fueron incluidos en el presupuesto 2011, que son el 30 % del incremento salarial desde julio a diciembre de este año, que comprenden la cifra de 71 millones de bolívares, tampoco estuvieron incluidos los recursos de becas estudiantiles que fueron cerca de 10 millones, ni los 70 millones de las prestaciones sociales del nuevo régimen, en resumen, cuando sumamos todos estos montos que no estuvieron incluidos en el presupuesto 2001, resulta que la Universidad debe desembolsar 190 millones de bolívares, cuando el Gobierno irónicamente nos dice que tenemos 90 millones adicionales, lo que se traduce en un déficit de 100 millones de bolívares”.
Los planes de acción
La máxima autoridad universitaria indicó que sólo existen dos planes de acción. El primero, “la postura valiente que planteaba dejar por fuera algunos rubros, que no tienen nada que ver directamente con los salarios ni los beneficios socioeconómicos, pero lamentablemente al Consejo Universitario no le pareció buena idea, y el segundo plan es trazar un presupuesto hasta donde alcance, es decir, que si el dinero alcanza para 10 meses, para ese tiempo estará presupuestado, y esperaremos a ver qué ocurre en este lapso de tiempo para nosotros seguir luchando por un presupuesto más justo”.
Bonucci no descartó que ante esta situación se produzcan nuevamente acciones de calle y protestas colectivas por parte de la comunidad universitaria. “Obviamente no hace falta ser clarividente para expresar que las protestan ocurrirán, porque obviamente los gremios, rectores, estudiantes, y la comunidad universitaria en general saldrá a protestar aunque existen grupos que están de acuerdo con este presupuesto disminuido y que desde el CU mantienen posturas en contra de los verdaderos intereses de la Universidad”.
Efecto perverso en programas socioeconómicos y de salud
Por su parte, Luís Loaiza, líder y presidente del gremio profesoral manifestó ante la difícil situación presupuestaria, la importancia de la movilización de universitarios con una extensa campaña de información en cada una de las facultades que componen la ULA porque “lamentablemente muchos profesores no tienen claridad sobre las graves implicaciones que este presupuesto disminuido conlleva en el funcionamiento de la Universidad, puesto que no habrá ajustes en los programas de HCM, tampoco existirán recursos adicionales para el Camiula, ni para las prestaciones sociales, dejando un efecto perverso sobre la comunidad profesoral ulandina, pero que no la dejará de brazos cruzados porque en principio informaremos sobre todos estos efectos negativos, para luego dar inicio nuevamente a las acciones de calle con mayor fuerza a las emprendidas el pasado julio ”, resaltó Loaiza.
Por último el también presidente del Instituto de Previsión del Profesorado (IPP-ULA) indicó que el deterioro de la Universidad de Los Andes es sostenido, y que proyecta la imposibilidad de cumplir con las tareas que por ley le corresponden a esta institución de estudios superiores, produciendo a su vez, que el incumplimiento del Gobierno en el pago de los derechos laborales, de los recursos que van destinados a la salud, del mejoramiento socioeconómico de los trabajadores, y de la investigación, conlleve a que la Universidad subsista con los recursos que están dejando de percibir los universitarios.
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