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lunes, 28 de febrero de 2011

Ahora el gobierno necesita tiempo…


Por: Luis Loaiza Rincón



En la más reciente reunión entre la FAPUV y los representantes del gobierno, el pasado jueves 24 febrero en la sede del MPPES, la Profesora Tibisay Hung, Directora Adjunta de la OPSU, dijo entender la urgente necesidad de revisar tanto el problema presupuestario de las universidades como el salario de sus trabajadores. Reconoce que el presupuesto universitario es insuficiente, que la deuda por prestaciones es una deuda social, que necesitan más tiempo para elaborar una propuesta salarial y que sus esfuerzos se centran ahora en la construcción de un modelo de gestión para la transformación universitaria.

Una rápida lectura del asunto puede generar varias observaciones:

  1. La tenacidad de FAPUV es encomiable. No puedo dejar de reconocer que en ese esfuerzo, el impulso y presencia de la Profesora Lourdes Ramírez de Viloria ha sido fundamental. Nadie podrá negarle el sacrificio personal, el desprendimiento y la entereza que ha demostrado durante estos difíciles años. Sin embargo, la Presidenta de FAPUV no ha estado sola. La acompaña un Comité Ejecutivo, una Junta Directiva y unas bases gremiales que en su gran mayoría han entendido la excepcionalidad de la época que nos ha tocado vivir.
  2. Con la salida de Edgardo Ramírez del Ministerio, se abrió un espacio para el diálogo. Este espacio fue cerrado unilateralmente por un funcionario que terminó demostrando un nivel muy bajo de comprensión de las complejidades del mundo universitario y terminó siendo repudiado hasta por sus compañeros.
  3. Después de cinco años repitiendo presupuestos y tres años con sueldos congelados, a este gobierno no le importa para nada el destino de las universidades y el bienestar de los trabajadores universitarios. Ahora resulta que necesitan más tiempo para “presentar propuestas y salidas”. Estoy convencido que ésas no son sino tácticas dilatorias y que, si no hacemos algo, por lo menos el asunto salarial será insuficientemente atendido por el presidente de la república en su anuncio del Primero de Mayo.
  4. Definitivamente la única vocación evidente del gobierno se orienta a ejercer el más férreo control sobre las instituciones que detenten algún nivel de autonomía. La LOE, la fallida LEU, los encapuchados violentos que gozan de impunidad y un sin número de recursos más, constituyen diversas formas de alcanzar el mismo fin: controlar políticamente la universidad y acabar con su autonomía.

Es evidente, tal como la ha sostenido insistentemente la FAPUV, que los cambios que necesita la Universidad venezolana jamás se podrán adelantar de espaldas a los actores fundamentales del sector, entre ellos los gremios. Pero es que además, a quién se le ocurre adelantar un proceso de transformación institucional ignorando que casi un cincuenta por ciento de los trabajadores universitarios a duras penas gana salario mínimo, que los presupuestos universitarios, en más de un ochenta por ciento, se destinan al pago de salarios y que ello ha generado, entre muchas distorsiones y calamidades, el deterioro sostenido del andamiaje institucional encargado del bienestar estudiantil.

La verdad efectiva es que la política oficial de restricciones y cortapisas impuestas a las universidades empieza a mostrar sus frutos: La infraestructura envejece y se deteriora, los docentes bajan su dedicación o renuncian; la investigación desfallece por falta de estímulos, las bibliotecas pasan de desactualizadas a cerradas; los jubilados mueren sin cobrar sus prestaciones y pasivos laborales y los estudiantes realizan cada vez más sacrificios para no abandonar sus estudios.

Frente a esta situación no queda otra que mantener la movilización y el reclamo. Quedarse de brazos cruzados en nada ayuda. Nuestra indiferencia fortalece el poder de quienes desconocen nuestros derechos y nos condenan a una situación de pobreza y precariedad. De allí que resulte clave impulsar acciones como las jornadas de concientización que permitan transmitirle a nuestros estudiantes la realidad de la situación salarial de los trabajadores universitarios (docentes, administrativos, profesionales en funciones administrativas y obreros) y las enormes dificultades que enfrentan nuestras máximas casas de estudio por voluntad del gobierno; las campañas de información dirigidas a toda la colectividad y las marchas, movilizaciones y actividades de protestas pacíficas que es necesario intensificar ante el autismo oficial. Al gobierno, por su parte, no le quedará otra que atender la crisis presupuestaria y salarial en las universidades, cancelar las prestaciones sociales y sus intereses, pendientes desde 1998; ajustar el salario de común acuerdo con los gremios y en los términos establecidos en las Normas de Homologación y asumir que sólo en el marco de una democracia pluralista, de amplias libertades y respetuosa de la condición humana, podrá el país salir adelante con justicia y equidad.

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