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La Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes, (Apula), en fiel cumplimiento con las resoluciones de la Asamblea General del pasado 04 de febrero en donde estuvo presente la presidenta de la FAPUV, Lourdes Ramírez de Viloria y autoridades ULA, expone en las distintas facultades ulandinas a través de derechos de palabra, la difícil situación gremial que viven los docentes universitarios y el cercenamiento de la autonomía que las principales casas de estudio del país padecen desde hace algún tiempo.
“Hemos venido ejecutando este cronograma con excelentes resultados. Ha habido una enorme receptividad en cada uno de los consejos de facultad en donde hemos tenido derecho de palabra y al mismo tiempo ha sido de gran utilidad el intercambio de opiniones y los aportes que han hecho los distintos miembros de estas dependencias universitarias”, señaló Luis Loaiza presidente del gremio profesoral.
Indicó el también presidente del Instituto de Previsión del Profesorado de la Universidad de Los Andes (IPP-ULA), que luego de estos derechos de palabras, los catedráticos realizarán asambleas en cada una de las seccionales de Apula, también en cada facultad en donde se discutirán las acciones gremiales de protesta que desplegará la asociación “si efectivamente después de Semana Santa, el ministro de educación superior, Luis Ramírez no responde a las peticiones gremiales que desde hace 4 años hemos venido realizando desde la FAPUV”.
La preocupación más consistente que poseen los distintos miembros de facultad es el no descanso de esquema de conflicto gremial únicamente en los paros, sino que estas protestas se acompañen de otras actividades gremiales de protesta como concentraciones pacíficas y tomas de espacios públicos, volanteos, vigilias, marchas, perifoneos, entre otras, para poder “reclamar y reivindicar nuestros derechos socioeconómicos, académicos y laborales”.
Desde hace al menos 4 años los profesores de la Universidad de los Andes protestan por un depauperado salario, las dificultades financieras que genera el recorte presupuestario y la repetición del presupuesto ULA, la no homologación del salario a los profesores que han ascendido en el escalafón, el pago de prestaciones, el pago de los pasivos laborales, las dificultades que presenta el IPP por la ausencia de recursos por parte del Gobierno Nacional, la descapitalización académica de las facultades por la escasez de recursos, y demás dificultades económicas que impiden el buen funcionamiento de la universidad.
