Omer Molina Martín-Prensa Apula-IPP
Está en peligro todo el sistema de previsión social que existe en las universidades y no casualmente por irregularidades administrativas de las universidades, sino por una política de cerco y maltrato a las instituciones parauniversitarias que conforman el sistema de previsión social”. Luis Loaiza Rincón, presidente de la Apula-IPP.
Ante la solicitud de apertura de procedimiento penal contra las autoridades universitarias, requerida por el ministro de Educación Universitaria, Edgardo Ramírez, y la amenaza hacia Fonprula, profesores y trabajadores de La Universidad de Los Andes, acompañados de estudiantes del Movimiento 13 de Marzo, se reunieron en rueda de prensa desde el Rectorado, para defender los fondos de jubilaciones universitarios y rechazar esta nueva arremetida del gobierno nacional.
“Nuestros fondos cumplen una función social, que es una obligación del Estado cuando leemos el artículo 114 de la Ley de Universidades, que expresa el deber de las primeras casas de estudio en brindar protección y previsión social a todos sus miembros, y quién es el que maneja el presupuesto universitario, pues el Ejecutivo Nacional, el gobierno, que tiene necesariamente que ayudar por ley con la salud y previsión social de los universitarios, y nuestro fondo, Fonprula, lo que ha hecho es cumplir con lo que el gobierno no ha cumplido”, señaló Mario Bonucci, rector ULA.
Bonucci cuestionó el hecho de que el ex-director de la OPSU, Antonio Castejón, permitió según varias comunicaciones que Fonprula apoye financieramente al IPP ULA para el pago del HCM de los profesores, además de seguir contribuyendo para el pago de las jubilaciones y pensiones, y que ahora, desde el gobierno nacional a través del ministro Ramírez, se intente perjudicar la imagen de la universidad respecto al manejo del fondo, “soy fiel testigo de cómo desde el Vicerrectorado Administrativo, la universidad transfiere ese dinero a los institutos con suma pulcritud y transparencia y también doy fe de cómo el fondo maneja el dinero con honestidad y transparencia estando supervisado por un consejo de vigilancia, auditorias internas, Consejo Universitario y CNU, y entregando sus memorias y cuentas”.
¿Mal asesoramiento o política de destrucción de la universidad?
A juicio de la primera autoridad universitaria, el ministro Ramírez está mal asesorado e indicó que desde el CNU existen informaciones hechas por Ramírez a los presidentes de los fondos quien señala que los pasivos laborales serán cancelados con el dinero de los fondos, violando la normativa de la Ley de universidades y rechazó a su vez la arremetida que desde esa dependencia se tiene contra las universidades que conforman la Averú.
Bonucci hizo un llamado a toda la comunidad universitaria a defender a la ULA de esta nueva embestida que desde el gobierno nacional intenta desprestigiar a los dirigentes universitarios y exhortó al ministro Ramírez a que se abra el verdadero debate que explique por qué no se han aprobado los créditos adicionales, y por qué existe un presupuesto universitario repetido durante 4 años, que impide el buen funcionamiento de la universidad.
El presidente de la Apula e IPP, Luis Loaiza a diferencia del rector Bonucci, no cree en la tesis que el ministro Ramírez esté mal asesorado, sino en la tesis “del propósito sistemático de acabar con la estructura universitaria autónoma en Venezuela y creo que este paso de intentar liquidar a los fondos de jubilación va en la misma dirección, pero quiero a su vez señalar que este mismo ministro irresponsablemente también ha declarado que va a dejar de enviar los aportes patronales para las cajas de ahorro, en consecuencia está en peligro todo el sistema de previsión social que existe en las universidades y no casualmente por irregularidades administrativas de las universidades, sino por una política de cerco y maltrato a las instituciones parauniversitarias que conforman el sistema de previsión social”.
Así mismo resaltó que si llegaran a existir manejos irregulares de los fondos de jubilaciones, sería con la anuencia de los anteriores ministros de educación superior y directores de Opsu quienes tendrían que también ser investigados.
Jesús Leo Contreras, presidente de Fonprula señaló por su parte que aplaude las intenciones del ministro Ramírez en luchar por los intereses de los profesores, empleados, obreros y estudiantes universitarios, y combatir la corrupción, pero, “¿Cómo vamos a luchar?, ¿Eliminado los fondos de jubilaciones y los institutos de previsión social?, yo creo que ese procedimiento no vela ni defiende los intereses de la comunidad universitaria”.
También dijo Leo Contreras que los pocos ingresos que recibe el fondo se invierten transparentemente para generar más ingresos que permitan el pago de las jubilaciones y ahora también, para apoyar a la previsión social, “que son obligaciones constitucionales del Estado, y en consecuencia, del gobierno nacional”.
Eleazar Ontiveros, presidente de la SPJ ULA, expresó su descontento en nombre de la seccional de jubilados por las declaraciones del ministro Ramírez, e indicó que Fonprula será defendida a capa y espada por la gran mayoría de profesores porque “es nuestra tacita de oro, porque los que nos interesa desde el punto de vista gremial, es el hecho de la previsión social, el cual el fondo juega un papel muy importante, y la pregunta que el ministro debería hacerse, es esa, en qué grado ese fondo ayuda a la previsión social del profesorado universitario, y en qué grado, esos fondos están resolviendo obligaciones de ley que tiene el gobierno nacional, fundamentalmente en el campo de la salud”.
La Fapuv se reunió el dia de ayer, luego de las acciones del Ministro Ramírez, quien solicitó al Ministerio Público investigar las cuentas de las universidades autónomas y experimentales durante los últimos 32 años, buscando precisar el destino que las casas de estudios han dado a los recursos otorgados por el Estado para nutrir los fondos de pensiones y jubilaciones.
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