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lunes, 9 de noviembre de 2009

Frente al intento de despojarnos de nuestras Prestaciones Sociales


Luís Loaiza en Asamblea General de Apula

Profesores ULA defenderemos a ultranza nuestros derechos laborales y académicos

Omer Molina Martín Prensa Apula-IPP

Frente a la pretensión del Ejecutivo Nacional de modificar la base de cálculo de los intereses por prestaciones sociales de los profesores de la Universidad de Los Andes, el presidente de Apula, Luís Loaiza, en nombre del Comité Ejecutivo de la asociación, convocó a una Asamblea general de Profesores, aduciendo que el gobierno nacional “desconoce flagrantemente la normativa constitucional y legal que ordena esta materia”.

Loaiza en su exposición de motivos explicó que esta intentona del gobierno nacional constituye el más reciente eslabón de una larga cadena de desconocimientos e incumplimientos que afectan la dignidad, los derechos y las condiciones materiales de existencia de los profesores universitarios. “Hasta la fecha el Ejecutivo Nacional nos debe a los profesores universitarios: Nueve meses de retroactivo del aumento salarial aprobado en 2008, el ajuste salarial 2009 establecido en las Normas de Homologación, la Prima por Hogar, el Bono de Alimentación para el Personal Docente Jubilado y Pensionado, el pago de los intereses sobre prestaciones sociales, el ajuste de la Cesta Ticket al valor actual de la Unidad Tributaria, la actualización de la Cobertura de H.C.M., el ajuste de los Acuerdos Federativos destinados a salud y el pago de los ascensos en el escalafón”.

Discutió que las Prestaciones Sociales son un derecho adquirido desde el año 1975, que al personal docente se le reconoció este derecho en 1990 y que, desde entonces, se han calculado sobre la base de 60 días de salario integral X Nº de años de trabajo, más los intereses que esto genera si no se cancelan oportunamente. Este criterio, además, fue adoptado tanto en la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) en su artículo 108, como en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (CNRBV), en su artículo 92.

De esta manera indicó que el pasado jueves 29 de octubre, en la sede de la UNEFA, tuvo lugar una sesión extraordinaria del CNU convocada por el Ministro de Educación Superior, Profesor Luis Acuña, en la que propuso modificar los criterios utilizados para calcular los intereses de las prestaciones sociales de los universitarios. La intención manifestó Loaiza del Ministro Acuña era aplicar el interés de negocios del Código Civil en sustitución del establecido en el artículo 108 de la LOT, literal "c", para los años laborados previos a la vigencia de la CNRBV, y la eliminación del interés de mora basándose en una sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 10-7-2003. “En otras palabras, el Ejecutivo Nacional busca, a través de subterfugios jurídicos, desconocer un elevado porcentaje de la deuda que, por concepto de Prestaciones Sociales desde 1998, tiene con el personal administrativo y docente de las Universidades”.

Continuando con su exposición, explicó que la fórmula de cálculo propuesta por el Ministro Acuña es “ilegal e injusta” porque viola disposiciones expresas de la CRBV y de la LOT y porque afecta gravemente el patrimonio familiar de los universitarios. “La fórmula del Ministro Acuña niega, además, principios fundamentales del derecho como el principio sobre la protección progresiva de los derechos laborales y el principio de la realidad material determinante”. “En virtud de éstos no se puede desmejorar lo que ya existe y en casos de duda siempre se aplicará la norma más favorable al trabajador. Por tanto, si todavía existe en Venezuela el Estado de Derecho, cualquier decisión del Ejecutivo Nacional que afecte o menoscabe nuestros derechos adquiridos, será nula”.

Más adelante señaló que a todas luces resulta ilógico que el Ministro de Educación pretenda acabar con una de las banderas más defendidas por el gobierno en el contexto universitario: “Haber cancelado parte de la deuda histórica por concepto de pasivos laborales. Peor aún, la repercusión social de esta medida que afectaría a miles de universitarios en todo el país, echaría definitivamente por tierra la letra y el espíritu del artículo 2 de la CRBV cuando define al Estado Venezolano como un Estado democrático y social de derecho y de justicia que le otorga preeminencia a los derechos humanos. Después de concretar el despojo, no existirían caretas”.

Entre las medidas a tomar indicó que los universitarios “no nos cruzaremos de brazos a esperar que nos despojen de nuestros derechos. En este sentido, recurriremos ante las instancias correspondientes para enfrentar gremial y jurídicamente cualquier decisión del Ejecutivo Nacional que menoscabe nuestras prestaciones sociales y nuestros derechos laborales y académicos”.

En virtud de todo lo indicado, los profesores nombrarán una Comisión Especial de Apoyo integrada por profesores activos y jubilados encargada de monitorear sistemáticamente la situación de las prestaciones sociales de los profesores de la ULA; y a su vez se encargará de elaborar un estudio jurídico que sirva para recurrir cualquier decisión del CNU relacionada con la modificación de la fórmula para calcular los intereses de sus prestaciones sociales y declarar los días 10, 17 y 24 de noviembre días de movilización en la universidad. “Se trata de realizar jornadas de información y motivación en cada una de las facultades a través de visitas de curso y reuniones con profesores y empleados universitarios” concluyó.

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