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El petitorio del informe presentado por la gerencia general del IPP, fue aprobado por unanimidad en el CU. |
Sobre difícil situación financiera
Omer Molina / Prensa Apula
La Gerencia General del Instituto de Previsión del Profesorado de la Universidad de los Andes, representada por los profesores Luís Loaiza y Raúl Vegas, presidente y tesorero respectivamente, introdujo el pasado 06 de febrero, un informe en el Consejo Universitario de esta casa de estudios, a fin de dar a conocer la difícil situación financiera que presenta dicho instituto. El informe contiene en su parte final, un petitorio con cinco solicitudes que fueron aprobadas por unanimidad en la primera instancia universitaria.
Como planteamiento del problema, el informe expresa que durante los últimos años, se han reducido sistemáticamente los recursos que deben financiar los programas de salud de los universitarios que aunado al deterioro real del salario del profesorado, por el desconocimiento de las Normas de Homologación; ha contribuido a desmejorar el nivel de vida del profesor y su núcleo familiar.
“Es muy importante destacar que durante los últimos cinco ejercicios fiscales, la asignación de recursos presupuestarios a las universidades, se ha hecho sin tomar en cuenta el elevado índice inflacionario que afecta a la economía del país, lo que se traduce en una continua reducción de los mismos. Este comportamiento incide de igual manera en el presupuesto destinado a los institutos de previsión, los cuales, deben enfrentar, cada vez con mayor dificultad, los altos costos que representan la adquisición de medicamentos y suministros, los exámenes de diagnóstico y la atención médico-hospitalaria, para beneficiar una numerosa población con un alto índice de adultos mayores”, explica el informe en el planteamiento del problema.
También señala que los recursos entregados al IPP, se rinden permanentemente ante los órganos contralores correspondientes.
Detalla el documento que durante el año 2011 se presentó una insuficiencia que asciende a los 7.192.095,16 bolívares, resultando clave tener en cuenta que en relación con el año 2010, el IPP atendió una mayor demanda de sus servicios por el considerable aumento de sus usuarios y el deterioro del poder adquisitivo de su salario.
“Se puede evidenciar, según los respaldos del programa de HCM manejado en la institución, que la cobertura de salud más utilizada para el año 2011, fue el programa de Cobertura Ampliada (PCA), representando un 55 % del total de usuarios, seguidos por las coberturas del HCM básico y el Programa Fonprula, lo cual significó atender a un total de 33.518 usuarios, entre titulares de coberturas y beneficiarios”, continuaba exponiendo el escrito.
También el informe reclama que históricamente la ULA ha confundido con su aporte, el 1,5 % de los Acuerdos Federativos y que la gestión del HCM Básico, genera gastos administrativos para lo cual la ULA sólo aporta al IPP quince bolívares (Bs. 15) al año. “Por ello venimos solicitando que al IPP, se le asignen recursos para su funcionamiento, derivados del costo que representa administrar el HCM Básico.
Finalmente el informe expresa que el resultado de la acumulación de insuficiencias, representa una deuda que asciende a un total de Bs. 17.692.935, 90, por lo tanto, dicho informe plantea un petitorio de cinco solicitudes:
1. Articular una posición común que aglutine la voluntad de todos los universitarios en la defensa de los recursos presupuestarios que requieren los programas de salud que los amparan, tanto los que administra el IPP-ULA como OFISEULA. Estos recursos deben asignarse en el presupuesto y tienen que revisarse a la luz de la inflación y del aumento de la demanda de servicios.
2. Solicitar una reunión especial en la OPSU, únicamente para abordar esta problemática a fin de obtener los auxilios financieros que permitan, aunque sea parcialmente, superar la difícil situación que hoy padece el sistema de previsión social.
3. Declarar en emergencia, el sistema de previsión social y muy especialmente los programas de salud que amparan a los universitarios.
4. Solicitar a la ULA, un informe que demuestre las deficiencias de los recursos para el aporte del HCM Básico y que resulta perentorio ajustar el monto de la cobertura.
5. Propiciar que el programa de medicamentos del CAMIULA se reactive urgentemente o que en su defecto, se revise la situación del aporte profesoral asignado a la compra de medicinas.
En este sentido, durante la sesión del CU del lunes 13 de febrero, el Rector Mario Bonucci, se comunicó con la directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, Tibisay Hung, para exponer la problemática planteada en dicha instancia y solicitar una audiencia que quedó pautada para el jueves 01 de marzo a las 2:00 pm en la sede de la OPSU, con la asistencia del equipo rectoral, directores del IPP y Camiula y la Comisión de Salud de la ULA.
