Historia del Deterioro
Luis Loaiza Rincón Presidente de Apula-IPP
En los últimos 35 años de democracia en Venezuela, el deterioro del salario real de un Profesor Titular, a Dedicación Exclusiva, que es el máximo escalafón en la carrera académica, ha pasado de representar 18,88 veces el monto del salario mínimo urbano, a 4,22 veces el salario mínimo, cuyo monto es en la actualidad de Bs.1.223,89 y cuyo poder adquisitivo es ciertamente mucho menor al del salario mínimo de 1975. Actualmente, el salario de un profesor instructor, que es el primer escalafón, es prácticamente similar al salario mínimo. Muchos empleados y obreros ganan menos que el salario mínimo.
Esta política gubernamental en nada se diferencia de las aplicadas por los gobiernos neoliberales que tuvieron como objetivo comprimir el consumo y el gasto en Educación. Ella se expresa también, a través de la asfixia presupuestaria en la que se mantiene a las universidades, entre cuyas consecuencias más graves destaca la falta de reposición de cargos, lo que ha ido abultando la nómina de profesores contratados, quienes deben cumplir funciones similares a las de los profesores ordinarios, pero sin recibir los beneficios previstos en las Actas Convenio. En otras palabras, el gobierno ha impulsado en el sector universitario algo equivalente a la tercerización laboral.
En el caso de las universidades intervenidas, como por ejemplo la UNELLEZ, el número de profesores contratados quintuplica al número de ordinarios. De esta manera, por menor salario se mantiene una planta profesoral sin derechos gremiales y sin posibilidades de ascender. En las nuevas universidades, a esta problemática se le suma el pago de salarios menores y una elevadísima rotación del personal docente con la obvia consecuencia de desmedro profundo en la calidad de la educación que se pretende impartir.
No conforme con esto, el gobierno mantiene deudas por prestaciones sociales de los profesores jubilados desde 1998, deudas por salario de 2008, deudas por retroactivo de bono de alimentación desde 2009, no ha actualizado el bono de alimentación a la unidad tributaria vigente, no le paga dicho bono a los profesores jubilados y pensionados, ni le paga la prima por hogar al personal docente.
Así es como el gobierno viola flagrantemente el Artículo 92 de la Constitución Nacional que establece que “El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal”.
Para llamar la atención del país y del gobierno nacional en relación con esta grave situación, demandar el pago de todas las deudas, la actualización del bono de alimentación, un ajuste salarial digno y el nombramiento de la comisión del CNU para la discusión de las Normas de Homologación, FAPUV junto con sus asociaciones ha desarrollado las más variadas formas de lucha y de denuncia sin obtener respuesta. Con los sueldos que hoy devengamos, las universidades son inviables.
Si el Ejecutivo Nacional no reacciona, nos queda la forma de protesta que históricamente ha producido resultados ante gobiernos anti-universitarios como éste: el paro indefinido. Y al paro indefinido iremos, cuando las bases profesorales, en consulta transparente, nos den ese mandato. Mientras tanto, en la ULA este miércoles 14 de julio impulsaremos un paro de 24 horas que esperamos sea acatado por la absoluta mayoría de los universitarios en razón de que tenemos la obligación moral de defender nuestros derechos y la existencia de una universidad autónoma, pluralista y democrática.
